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La ley de segunda oportunidad.

Por Manuel Sarrión Sierra, Cases de Dret Torrent Abogados

En febrero se ha publicado el Real Decreto-Ley 1/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Se trata de un mecanismo legislativo que se venía reclamando como forma de paliar las consecuencias de la crisis económica que seguimos padeciendo, articulando una serie de medidas para permitir que autónomos y particulares que operan en el tráfico jurídico disfrutasen de algunas de las ventajas que las sociedades mercantiles tienen a la hora de limitar la responsabilidad de sus gestores, y poder reiniciar su actividad de forma legal tras un fracaso en alguna de sus iniciativas anteriores.

Hasta el momento, y todos seguramente tendremos algún ejemplo de ello, cuando una persona física o autónomo tenía un problema económico grave, arrastrando deudas, se veía abocado a la ilegalidad, trabajando en negro, sin poder tener a su nombre propiedades ni negocios. De esta forma, casi se incentivaba la economía sumergida, porque el mero hecho de no poder afrontar las deudas que hemos contraído, con independencia de si han sido por negligencia del deudor, culpabilidad, o simple mala suerte, suponía de facto que esa persona quedaba al margen de los circuitos “legales”; por el contrario, si se funcionaba a través de una sociedad mercantil, todos esos problemas desaparecían, pudiendo cerrarla si iba mal, para volver a iniciar su actividad en el mismo domicilio incluso, bajo otra denominación social. La norma citada pretende equiparar esas situaciones, y favorecer que los deudores de buena fe puedan llegar a alcanzar acuerdos con sus acreedores y liquidar sus deudas, pero permitiendo que éstos puedan volver a iniciar actividades que les permitan cumplir sus compromisos, y generen de nuevo riqueza, que repercuta no sólo en ellos mismos, sino en toda la sociedad en general.

No podemos olvidar que la Ley Concursal no descartaba a las personas físicas de su aplicación, pero en la práctica, salvo raras excepciones, los concursos de personas físicas no eran habitualmente admitidos por los juzgados de lo mercantil. Se flexibilizan los acuerdos extrajudiciales de pagos entre deudor y acreedores, se mejora el Código de Buenas prácticas para la reestructuración de deudas con garantía hipotecaria, y se amplía por un plazo adicional de dos años la suspensión de lanzamientos en casos de ejecuciones hipotecarias (hasta marzo de 2017). Estas medidas se completan con otras de carácter fiscal y tributario, como la ampliación de las deducciones a aplicar en el IRPF con efectos desde 2015. Finalmente, y no me puedo resistir a comentarlo, se eliminan las polémicas, absurdas y absolutamente injustas tasas judiciales, es decir, los impuestos que se exigían a quien acudía a un juzgado a reclamar lo que se le debía, por ejemplo, y que en la práctica ha supuesto que muchas personas no hayan podido acceder a un servicio público como la Justicia.

Al final se ha escuchado a todos los sectores profesionales afectados, que nos hemos cansado de pedir su eliminación, aunque el daño ya está hecho en muchos casos; puede ser eso, o que estamos en año “plurielectoral”. ¿Uds. que creen?

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